The Strategic Resources-Criminalization Nexus: Ecuador’s Intag Zone
Lindsay Shade and Darwin Javier Ramírez
This article draws from the experience of co-author Javier Ramírezwho was detained as a political prisoner for opposition to a large-scale mining project that would displace his community in northern Ecuador. Examining the trajectory of the 20-year mining conflict from the neoliberal era to the present, we argue that there has been a marked shift in the Ecuadorian state’s approach to facilitating extractive development, which more directly puts the state’s resources in the service of extractive capital through policing and securitization of rural zones and the penalization or criminalization of territorial defense. We outline how “criminalization of protest” actually reflects spatial strategies of securitization and policing to enforce mining rights. The incarceration of Ramírez and deployment of police to secure subsurface rights were strategically timed in a manner to facilitate key administrative and technical requirements for mining permits, making possible the apparently banal but crucial work of consultation and environmental impact studies. We consider the uneven unfolding and spatial differentiation of “resource security” by examining how the state structures and deploys the security apparatus for nature-based commodity investments. We also examine the decreasing public value of mining through the progressive reduction and elimination of taxes, despite continued public investment and military and police support to mining companies. Finally, we contrast state and mining company representatives’ efforts to responsibilize the public for demand for commodities with territorial defense strategies which aim to revalue land outside of economistic frameworks.
Key words: extraction, Latin America, criminalization, mining conflict, social movements, strategic resources, post-neoliberalism
El Nexo de Cy recursos Estratégicos: La Zona de Intag, Ecuador
Este artículo se basa en la experiencia del coautor Javier Ramírez como un prisionero político que fue detenido por su oposición a un proyecto minero a gran escala, que desplazaría a su comunidad en el norte de Ecuador. Al examinar la trayectoria del conflicto minero de 20 años, desde la era neoliberal hasta el presente, sostenemos que ha habido un cambio marcado en el enfoque del Estado ecuatoriano para facilitar el desarrollo extractivo, que más directamente pone los recursos del Estado al servicio del capital extractivo a través de la vigilancia y la securitización de las zonas rurales, y la criminalización de la defensa territorial. Resumimos cómo la “criminalización de la protesta” en realidad refleja las estrategias espaciales de securitización y vigilancia para imponer el acceso a las concesiones mineras. El encarcelamiento de Ramírez y el despliegue de la policía para garantizar los derechos subterráneos se planificaron estratégicamente para facilitar los requisitos administrativos y técnicos clave para los permisos de minería, posibilitando el trabajo de los estudios sociales y ambientales. Consideramos el despliegue desigual y la diferenciación espacial del discurso internacional de “resource security” mediante el examen de cómo el Estado ecuatoriano estructura y despliega el aparato de seguridad para las inversiones en productos primarios. También examinamos el decreciente valor público de la minería a través de la reducción y la eliminación de impuestos, a pesar de la continua inversión pública y el apoyo militar y policial a las compañías mineras. Finalmente, contrastamos los esfuerzos de los representantes del Estado y de las empresas mineras para responsabilizar al público por la demanda global de productos básicos con las estrategias de defensa territorial que apuntan a revalorizar la tierra fuera de los marcos económicos.
Palabras clave: extracción, América Latina, criminalización, conflicto minero, movimientos sociales, recursos estratégicos, posneoliberalismo
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